«Comisión interinstitucional» por Jokin Sotilla, presidente de la aavv Sarroeta de Martutene (Noticias de Gipuzkoa, 11 de Marzo)


ES el único instrumento válido y posible hoy por hoy para hacer frente a un tema como el planteado en la cuenca baja del Urumea donde distintas instituciones se ven implicadas por diferentes competencias necesariamente complementarias para la articulación de las soluciones necesarias. Y este paso ha sido ya dado, por fin, y además con la invitación a una representación ciudadana a través de la coordinadora integrada por los clubs deportivos y las asociaciones de vecinos de la cuenca «Ciudadanos a favor de la cuenca del Urumea – Urumearen aldeko bizilagunak». Esta participación (delegada en un arquitecto y un ingeniero de caminos miembros de las asociaciones), pretende ser un puente de información transparente, directo y constante entre vecinos afectados y Administración para evitar especulaciones o malos entendidos en el traslado de información en un tema que tanta inquietud nos suscita; y a su vez contribuir positivamente en todos los niveles, incluido el técnico, a colaborar en la búsqueda de soluciones. Claridad, confianza y dinámica de trabajo conjunta, esto es: participación. Todos tenemos hoy en este sentido un motivo para alegrarnos, por haber constituido el marco desde donde podemos afrontar el conflicto democráticamente, con sensatez y eficacia.

Porque otra cosa sería recaer en el reino de Taifas, Eusko-Taifas, en que instituciones enfrentadas por intereses propios alegan su falta de recursos o de competencias para postergar sus responsabilidades, dejando a los ciudadanos en el más absoluto desamparo, como hasta la fecha ha venido sucediendo, ante un problema de la máxima gravedad perfectamente conocido por la Administración desde hace años, pero en el que aun no se ha comenzado a intervenir. Hemos dado el primer paso en una dirección indudablemente correcta, pero las soluciones siguen por venir y escasamente definidas. Es evidente que en el «entretanto» las sensibilidades seguirán siendo distintas.

Porque desde el punto de vista ciudadano que represento, la solución que esperamos es el compromiso claro de nuestros representantes legales en el sentido de que inundaciones que pongan en riesgo nuestras vidas y patrimonio, como las que hemos padecido, no las volveremos a sufrir. Y esta actitud decidida de solidaridad y compromiso, solo la hemos recibido del Pleno del ayuntamiento donostiarra, compartida después por el resto de ayuntamientos de Astigarraga y Hernani, pero no de las demás instituciones.

Por eso nos resulta especialmente llamativa la actitud del representante del Gobierno Vasco en la Comisión, Sr. Iñaki Atxukarro, Viceconsejero de Medio Ambiente, porque precisamente él que ha tenido responsabilidades hasta el año 2010 en el equipo de urbanismo de Odón Elorza, conoce detalladamente las dificultades a abordar que en su etapa no lo hicieron, y particularmente la situación actual de las arcas municipales para financiación de grandes proyectos. Si su Gobierno tiene voluntad de afrontar el problema no puede imponer como condición previa que los ayuntamientos asuman cargas financieras que sabe que no pueden aportar. Y no podemos entender que su partido bloquease en el Parlamento Vasco las propuestas de PNV y EA para designar una partida específica a la cuenca del Urumea. Y tampoco podemos entender que se hayan invertido en todas las cuencas de los ríos afectadas por las inundaciones del pasado 6 de noviembre en Gipuzkoa y Bizkaia docenas de millones de euros por parte de la Agencia Vasca del Agua Urak, y que en la cuenca más afectada, la del Urumea, no se haya invertido todavía ni un solo céntimo. Podría deducirse que estando el Sr. Atxukarro y su partido en el gobierno de Donostia decidieron dejar el problema para que lo resuelvan sus sucesores. Y que estando en el Gobierno de la Comunidad Autónoma deciden dejarlo también en herencia para el próximo Gobierno.

De otra parte, nos extraña que nadie en la Comisión se haya planteado siquiera la posibilidad de conseguir que sea declarada la intervención en la cuenca de interés general, pues el Ministerio de Medio Ambiente asumiría en ese caso gran parte de los costos. Porque teniendo en cuenta que el Estado a través del Consorcio Ministerio de Hacienda, ha sufragado solo en 2011 más de 60 millones de euros de gastos en concepto de indemnizaciones para la zona, podría considerar preferible invertir en evitar las inundaciones que en sufragar periódicamente los daños que una y otra vez generan. Es negociar a nuestro favor lo que le pedimos al Gobierno Vasco, cosa que otros gobiernos en situaciones semejantes ya supieron hacerlo. Pero considerada la situación en conjunto, hemos de alegrarnos. Después de largos años de pasividad institucional, aunque con limitaciones, se ha dado el primer paso.

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