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Hasta los nuevos mandatarios de Bildu, que nunca han visto con buenos ojos la construcción de la «macrocárcel de Zubieta», han mostrado su inquietud por una eventual paralización (aún no oficial ni irreversible). El alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, trata de concertar una entrevista con el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para confirmar si se paraliza, retrasa o redimensiona la construcción de la nueva cárcel, aunque un contacto telefónico mantenido hace unos días ya le dejó claro que, al menos, sí habrá una «ralentización» de la puesta en marcha de la prisión. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy de lucha contra el déficit impiden sacar nuevas plazas de funcionarios, lo que bloquea alumbrar las nuevas prisiones en marcha por sus mayores necesidades de personal.

¿Cuánto mayores? Si en la prisión de Martutene trabajan entre 60 y 70 funcionarios, la de Zubieta exigiría «casi el doble» de empleados, explica el portavoz municipal del PP, Ramón Gómez, quien asegura que los populares vascos van a trabajar intensamente para que este proyecto no se pare. Otras fuentes municipales hablan de mucho más personal. «Hay que tener en cuenta que el modelo de cárcel por el que apostó el PSOE es el de ‘miniciudad’, una gran edificación con módulos autosuficientes, instalaciones de mucha superficie que requieren, obviamente, mucho personal y grandes inversiones», indica el concejal Iñaki Gurrutxaga. Frente a la prisión de Martutene, de 118 celdas y unos 300 reclusos en un edificio que ocupa dos hectáreas, se pasaría al centro penitenciario de Zubieta con 504 celdas construidas en 18 hectáreas (en una parcela de 28,7 hectáreas). La nueva prisión donostiarra (75 millones de euros de presupuesto de edificación) sería como la que se acaba de construir en Pamplona y cuya puesta en funcionamiento también está al ralentí por falta de personal.

El convenio firmado entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el Ayuntamiento donostiarra para dar lugar a un nuevo centro penitenciario establece el pago a la ciudad de 6 millones de euros para la urbanización de Eskuzaitzeta y el abono de 1.725.000 para la compra de los terrenos necesarios para la nueva cárcel. De este dinero, Instituciones Penitenciarias sólo ha abonado al Ayuntamiento 3,6 millones de euros por el primer concepto, según explicó el concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran.

Si se confirmase la paralización o ralentización del proyecto, la primera consecuencia sería de orden económico. Esos menores ingresos comprometerían en principio la financiación de los movimientos de tierras en Eskuzaitzeta. En este ámbito está previsto desarrollar un polígono empresarial para el asentamiento de nuevas y viejas actividades económicas. San Sebastián tiene una gran necesidad de estos suelos para realojar, por ejemplo, a polígonos como el de Papín-Molinao, pero también «para atraer nuevos actividades industriales a la ciudad», indica Burutaran.

Sin embargo, la corporación es consciente de que el mayor perjuicio de una eventual paralización de la cárcel se lo llevaría el proyecto de Txomin Enea, una operación cuya primera fase está prevista que salga a concurso este año. Este es un nuevo barrio a ejecutar entre Martutene y Loiola. Se demolerán varias viviendas y se construirán en dos fases 1.300 nuevos pisos, la mayor parte de protección oficial. La primera fase (alrededor de 937 viviendas) no se vería afectada, en principio. La cota de urbanización del nuevo Txomin se elevará entre 1,5 y 3 metros sobre el nivel actual, según las zonas, para evitar que las crecidas del Urumea provoquen nuevas inundaciones. Esto dejará al convento de Cristobaldegi y sus zonas aledañas como zonas inundables dentro de lo que se conoce como el parque fluvial del Urumea. Si no se derriba la actual cárcel, esta parcela quedará deprimida respecto al nuevo Txomin y será más fácilmente inundable. Burutaran no oculta que el mantenimiento de la prisión de Martutene provocaría «una muy mala solución urbanística». No solo es que no se podrían construir las 369 nuevas viviendas de la segunda fase de Txomin (más 56 apartamentos dotacionales) sino que la parcela penitenciara quedaría hundida no solo respecto de la nueva cota de Txomin, en el Norte, sino de la urbanización prevista desarrollar en su flanco Sur: «Estamos ya redactando el plan especial para construir unas 400 nuevas viviendas y actividades terciarias en Antzieta», la zona ubicada entre la cárcel y el puente de Lugañene que da acceso al polígono 27. O sea, que la prisión de Martutene se quedaría «en un agujero» -según lo define el concejal socialista Enrique Ramos-, rodeado de nuevas urbanizaciones residenciales sobreelevadas respecto a su cota varios metros. Por si las condiciones actuales de la cárcel no fueran ya suficientemente lamentables.

Foto: Ketari